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Por: Felipe Villafaña

La inédita e inesperada pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática en tiempos que sus constructores regresaron a su construcción tiene un origen con nombre y apellidos: Graco Ramírez, un ex gobernador que será inolvidable en Morelos POR LADRÓN, vox populi vox Dei.

Sin duda alguna, la jornada comicial dejó en su lugar a cada instituto político, a los personajes que buscaron reelegirse y no lo lograron, así como aquellos que lograron –por segunda ocasión- la confianza ciudadana.

Los viejos perredistas que se alejaron de su partido y regresaron con Cristina Balderas Aragón sin duda alguna mantuvieron el mismo sentimiento de la base militante priísta en el año 2000, cuando perdieron la gubernatura estatal y dejaron de ser un partido hegemónico.

Ese PRD que construyó la vieja izquierda quedó para el recuerdo en Morelos, con sus grandes personajes que vale la pena recordar como un Isaías Cano Morales, Gabriel Rivas Ríos, Julián Vences Camacho, Adela Bocanegra Quiroz, José Luis Correa Villanueva, Ignacio Suárez Huape, Hugo Carbajal Aguilar, Fernando García Gómez, Cristina Balderas Aragón, entre muchos.

Todos ellos mantuvieron un alejamiento del Sol Azteca en la época del gobierno de Graco Ramírez, muchos renunciaron y prefirieron resguardarse para regresar ahora con Cristina Balderas Aragón; sin embargo, no les alcanzó la votación para tener el registro.

La sombra de Graco Ramírez sigue dentro del PRD y eso causó el alejamiento de la ciudadanía en dar la confianza a los candidatos del primer partido de hegemonía izquierdista en el país.

Este partido construido por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo todavía son de los que tenían una ideología, una filosofía humanista que pretendía el poder para hacer los grandes cambios dentro de un gobierno, que antes era de una hegemonía priísta.

Quizá el PRD en Morelos recupere su registro en un año o año y medio, pero será un poco difícil porque, de sus figuras, algunos murieron y otros forman parte de las bases del Movimiento de Regeneración Nacional, convencidos de una Cuarta Transformación con quien fue guía de del perredismo a finales del siglo pasado: Andrés Manuel López Obrador. Por hoy, es todo.

Por: Felipe Villafaña

Bien decía el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al diablo con las instituciones y sobre todo con generar un nuevo órgano electoral, que esté separado de las condicionantes partidistas y sus consejeros sean ciudadanos sin que sirvan a un interés de grupo o de persona.

Desde que inició el proceso electoral con mayor intensidad  y luego los registros de candidaturas y campañas electorales, todos los candidatos a cargos de elección popular violentaron el marco del derecho en la materia y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, demostró su ceguera absoluta y presumida.

Incluso la llegada de Mireya Gally Jordá como consejera presidente, dejó en entredicho la “equidad” del proceso electoral, para que junto con sus compañeros únicamente pensaran en cuánto habrán de repartirse de bono al concluir de la elección local.

La mala fama e ignorancia del Impepac en su CCE quedó demostrada, tanto así que registraron indígenas güeritos con cara de barbados, los de capacidades diferentes que la única discapacidad que tienen es la mental.

No se diga los errores cometidos en plena jornada comicial el domingo pasado, en donde hubo evidencia de la compra del voto y cerca de las casillas, cuyas fotografías y videos fueron ventilados por la sociedad en las redes sociales.

En las sesiones del Consejo Estatal Electoral hubo una evidente falta de criterio y desconocimiento legal de la mayoría de sus integrantes, que provocaron vengan las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Lo mismo pasó en el Instituto Nacional Electoral, donde la sociedad rebasó a los integrantes del Consejo General, incluso a los representantes de los mismos partidos políticos.

Ante ello, la sociedad tuvo que salir a vigilar las elecciones y evitar muchas irregularidades, sobre todo los milenials, quienes conformaron un ejército de observadores e hizo que los “operadores políticos” se quedarán en su casa al cierre de casillas.

El que se haya dado una participación ciudadana del 54 por ciento del total del padrón, fue parte del hartazgo social hacia la representación popular, pero jamás porque el Impepac ya incitado al voto ciudadano porque no hubo una sola campaña sobre el tema.

En si al diablo con las instituciones como son el INE y el Impepac deben desaparecer y crearse nuevos órganos electorales con menos consejeros electorales, sin pago a los representantes de los partidos políticos y sean cargos honoríficos.

Que ambos órganos en tiempos no electorales las prerrogativas otorgadas hacia los partidos políticos sean del 30 por ciento del total que hoy perciben, que solo haya un consejero al frente para la expedición de las credenciales de elector, además de que observe y genere la capacitación democrática en todos los sectores sociales.

Es un gasto superfluo mantener un Impepac como el actual, sobre todo cuando se gasta más en un proceso electoral que en otros asuntos sociales con mayor importancia, como son en educación, agro y seguridad pública.

Al diablo con las instituciones, es el momento de desaparecer lo que no le sirve a la sociedad, mucho menos ahora que hay un país, un estado y municipios en pobreza mientras que a cambio pronto habrá nuevos millonarios que dejarán los cargos públicos otorgados hace tres años con la confianza de la ciudadanía a la que defraudaron. Por hoy es todo

Por: Felipe Villafaña

En esta semana seguirán viéndose las declinaciones de personas que buscaron un cargo de elección popular, quienes fueron registrados como relleno o bien para conservar el registro y las prerrogativas financieras que les son otorgadas mes con mes a los partidos políticos.

Son personajes que se unen a otras propuestas no por convencimiento ni porque tienen un arraigo social que generen votos, sino por la ambición de buscar una chamba y tener una vida de confort durante los siguientes tres años.

Ahora la próxima reforma electoral debería de subir el porcentaje de registro de los partidos políticos a un mínimo del cinco por ciento, prohibir las alianzas o coaliciones porque van en detrimento de la propia democracia y generan más gasto en un pueblo pobre con candidatos millonarios.

Quien sea registrado por un partido político a un cargo de elección popular y pretenda declinar que sea anulado de inmediato, además de quitar el registro del instituto político porque también es una forma de engaño al votante.

En esta elección intermedia, con 23 innecesarios partidos políticos y ningún candidato independiente o ciudadano, hay confusión social, sobre todo porque hay más inversión en asuntos secundarios que los importantes, como la preservación de la salud, de la educación y paz social.

La realidad es latente con la atomización del voto y la generación del miedo hacia la ciudadanía es previsible y notable un ausentismo en las urnas, que es peligroso porque deja como resultado gobiernos improvisados sin que sepan cómo resolver las grandes demandas sociales.

Esos que declinan son como los que mienten a la autoridad al ser registrados por sus partidos políticos como personas nativas de los pueblos de origen, o con capacidades diferentes y que por ese fraude electoral deberían ser inhabilitados para desempeñarse en el servicio público que también integra la representación popular.

Es decir, se tiene que acabar con el oportunismo electoral, con ese gran fraude que también inhibe el voto y de paso acabar con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,  porque ya es un órgano meramente burocrático, que es infuncional al interés de los sufragantes y de la propia sociedad.

Debe crearse un consejo electoral que únicamente funcione cada tres años, que sea garante en la vigilancia de todo el proceso electoral y registre a quienes en realidad cumplan con los requisitos de ley, como son en paridad de género, de los pueblos de origen, personas con capacidades diferentes y de la comunidad lésbico, gay o transgénero.

La corrupción al interior del Consejo Estatal Electoral del Impepac, desde que inició el proceso de cambio de autoridades es evidente, los consejeros siguen sin realmente hacer su trabajo y son los tribunales quienes diariamente les corrigen sus errores y eso es en perjuicio de la población morelense.

Estamos a unos días de la fiesta cívica intermedia y la posición de los consejeros electorales es solamente pensar en el dinero, no tienen imaginación y eso traerá graves conflictos poselectorales.

Con las declinaciones, el panorama electoral está más confuso y eso no le conviene a nadie, porque no abona al crecimiento democrático de un estado que fue ejemplo nacional e internacional en la promoción del voto, en el conteo de votos y en las formas de elección de sus autoridades.

Es un proceso diferente a los demás en donde ya cayeron candidatos y partidos políticos que los registraron porque incurrieron en el fraude electoral, que se dio antes de la jornada comicial y después de la misma y fue propiciado por el propio Impepac que hoy siembra dudas sobre su posición como árbitro electoral. Por hoy, es todo. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA o Vida Politica Felipe Villafaña

En unos días más, la ciudadanía definirá el nuevo rumbo del estado de Morelos en su desarrollo social, económico y político, con su voto que hoy cuenta y demasiado en momentos críticos para todos.

Seis de julio es la fecha señalada para decidir si en algunos municipios se sigue el mismo camino de hace dos años y medio, o bien puede ejercerse un cambio o un retroceso con el retorno de aquellos que en el pasado reciente saquearon el estado, los municipios, las instituciones y hasta el Congreso de Morelos.

A pesar de que en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los consejeros electorales siguen de vacaciones y apanicados por la pandemia del Covid-19, afuera en las calles la sociedad es la que toma el lugar de seis vividores del sistema nacional democrático impulsando al voto.

En nuestros días, tenemos una “autoridad electoral” o árbitro, como usted le quiera llamar, que está de sobra y hoy ejerce un presupuesto mayor a los 270 millones de pesos y sin hacer –prácticamente- nada.

Por ahora es tarde, pero al concluir la jornada electoral por sanidad mental, social y democrática los seis parásitos que están en el Impepac deberían renunciar, regresar a sus casas y pedir perdón por su ausencia.

Hoy, el pueblo de Morelos es quien realmente organiza el proceso electoral, sin hacer caso a la guerra sucia en las redes sociales entre candidatos y partidos políticos, así como sus seguidores.

Buscan las formas de impedir haya un fraude electoral y dudan sobre la capacidad del conocimiento del tema de los consejeros electorales, quienes están en el cargo por un padrinazgo partidista desde otro órgano en duda como es el Instituto Nacional Electoral.

Dicen que son las elecciones más grandes de la historia, pero con la advertencia de que la incredulidad del votante cada vez es mayor en acudir a votar porque hay un hartazgo de la comunidad por la falta de apoyos en tiempos de crisis.

Los ciudadanos que perdieron su empleo por la quiebra de sus negocios, el cierre de la empresa en donde laboraron observaron que a los partidos políticos ni a los consejeros electorales le faltó el pan en la mesa.

El quédate en casa fue la tumba económica del estado ante una pandemia que hace un año el virus era más letal que ahora, misma que el sufragante padeció sin el apoyo de nadie porque las despensas o las pipas de agua jamás llegaron.

Esos resentimientos los tiene guardados un pueblo que perdió todo al estar en el confinamiento, mientras los que solo estiran la mano quincenalmente, en su casa nunca faltó el pan de cada día.

De ahí viene la resistencia del ciudadano en ser funcionario electoral de casilla, en salir a votar y hasta en la duda por emitir su voto contagiarse del Covid-19, un virus al que todos temen porque significa muerte.

No así le temen los consejeros electorales ni los dirigentes de partidos, muchos menos sus representantes ante el Consejo Estatal Electoral del Impepac, porque ellos reciben salarios mejor remunerados que el policía que arriesga su vida, del profesor que les educa a sus hijos o del profesionista que hasta de chofer de aplicación electrónica tiene que trabajar para llevar la comida a su familia.

En ese abstencionismo que es predecible y la falta de campañas del Impepac para invitar al voto, así será la elección más grande de la historia, que la vox populi dirá: al diablo con las instituciones y las elecciones.

Por: Felipe Villafaña

A 48 horas o menos de la jornada comicial, hay confusiones, siguen las campañas negras y presuntas encuestas en las redes sociales, que generan duda entre el electorado y, sobre todo, inhiben el voto.

El domingo será una jornada difícil, en la que la ciudadanía aún está indecisa sobre quién merece darle confianza en los próximos tres años en una diputación federal, local y las presidencias municipales.

La publicidad en redes sociales, que no están dentro del marco legal, abundan sobre las promesas de lo que harían ciertos candidatos en caso de ocupar el cargo, pero sin asumir un compromiso serio con la sociedad.

Las campañas sucias siguen, incluso en la telefonía celular o de la vivienda con llamadas desde la Ciudad de México, con mensajes donde se hablan de presuntas declinaciones de aspirantes a las alcaldías en pugna, principalmente la de Cuernavaca.

La generación de una cortina de humo sin duda alguna también traerá violencia electoral que no es provocada por los votantes, sino de parte de los candidatos y sus partidos políticos.

En la misma tónica están los viejos partidos, los de reciente creación y hasta aquellos que por obviedad desaparecerán después del seis de junio, porque obtuvieron un registro virtual y ante el desconocimiento legal de la materia por parte de los integrantes del Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Es una realidad tangible que por la ambición de los consejeros electorales y la correa que los ata a un amo, que no es el pueblo, deben responder a esos intereses partidistas de quienes les otorgaron el espacio para tener un salario de 60 y 70 mil pesos mensuales, que al final, con las prestaciones sociales y apoyos financieros superan los 100 mil pesos.

De ahí que al salir a emitir su voto los ciudadanos deberán pensar en el futuro de sus comunidades, en quién realmente cumplirá con las principales demandas y los alcances que tienen para responder temas como es la seguridad, hoy en manos del gobierno estatal.

Otro de los temas sensibles es el empleo y cómo habrán de fomentar desde su asiento municipal o estatal el verdadero desarrollo económico, sobre todo cuando el estado está ubicado entre las 10 entidades con menor recuperación en plazas laborales con salarios medianos y las prestaciones sociales de ley.

Ya no se diga los servicios públicos en una entidad que padece también de la sequía por el calentamiento global, que cambió el ecosistema en cada localidad y hasta los tiempos de siembra y cosecha de los alimentos.

En estos momentos de confusión de redes sociales llenas de falsos redentores, de promesas, propuestas sin sustentos y todavía con el regreso de quienes en el pasado reciente saquearon las finanzas públicas de Morelos, no es fácil para electorado definir quién será su autoridad.

Quizá por esas razones el domingo seis de junio marque historia en la vida democrática de los morelenses, pero en forma negativa con un alto grado de ausentismo porque la autoridad electoral estuvo más preocupada en el dinero, que en fomentar la participación ciudadana.

Son tiempos difíciles y de confusión que no son buenos para la sociedad, porque pueden generar aún más ingobernabilidad y violencia dentro de las instituciones públicas y la propia sociedad. Por hoy es todo. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA o Vida Politica Felipe Villafaña

Por: Felipe Villafaña

En los últimos seis años, el Poder Judicial del estado vive una serie de acciones ilegales dentro de los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa, como es la omisión en la aplicación correcta del marco legal, por la corrupción que impera en su interior.

Es evidente que muchos ex presidentes municipales y ex diputados locales que hoy están en campaña,su lugar es la cárcel, porque las evidencias del daño que hicieron al pueblo de Morelos están latentes.

Sin embargo, tienen todo el apoyo de jueces y magistrados del Poder Judicial federal y del estatal, quienes los arropan con el retraso de sus juicios, alargando los plazos de audiencias y por ende para evitar la sentencia y buscar que queden los ladrones en la impunidad.

Es triste la falta de un liderazgo en el TSJ de Morelos, con el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, el nivel de corrupción al interior de los juzgados de primera instancia, incluso los magistrados, es superior al de los cuatro años de su antecesora María del Carmen Verónica López Cuevas.

Hoy, los jueces aun con las pruebas en la mano, buscan argumentos legaloides para no liberar ordenes de aprehensión en contra de quien violó la ley, al que robó y se hizo millonario del presupuesto público.

Ejemplos hay muchos de la corrupción en el TJS, que incluyen a los magistrados como es el evitar la cárcel del ex gobernador Graco Ramírez, un ladrón de cuello blanco y quien no se llevó la estatua del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, como el mismo Palacio de Gobierno porque no se los aguanta.

Ahí está el candidato del Partido Revolucionario Institucional  y de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Jiutepec, José Manuel Agüero Tovar, quien desea regresar a una alcaldía para llevarse lo que dejó escondido, con su esbirro a regidor Primo Bello.

Del ex diputado local Jaime Álvarez Cisneros, está otro ejemplo de la corrupción al interior de los juzgados locales, sujeto que durante los seis años del gobierno de Graco Ramírez se hizo de 20 propiedades en bienes raíces, cuyo costo de cada una, oscila en los 20 millones de pesos.

No se diga de las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, quienes además de robarse el dinero del Congreso local, provocaron la muerte y enfermedades crónico-degenerativas de trabajadores del Poder Legislativo.

Ellas también son protegidas por jueces orales y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, porque sus juicios están “atorados” y deberían haber sido vinculadas a la cárcel no estar pidiendo el voto de una sociedad que las repudia.

Ahí en esa actitud de solapamiento y complicidad está el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde sus magistrados antes de pelear más presupuesto tenían que haber suspendido o inhabilitado temporalmente a los ladrones antes mencionados, porque están bajo un juicio penal por actos de corrupción en perjuicio de los habitantes de todo un estado.

Los magistrados del TJA, desde hace varios están echados en la hamaca, sin realmente hacer una labor porque ahí también los actos de corrupción son parte de su vida cotidiana.

La administración de la justicia en Morelos es una porquería, que cuesta mucho dinero en salarios para magistrados y jueces, quienes también tienen sus entradas extras con la venta de libertades hacia quienes han cometido actos en perjuicio del estado de Morelos. Por hoy es todo.

Por: René Vega Giles

Sin duda alguna, la ambición de la secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en Morelos, Gabriela Bañón Estrada, es cada vez mayor, al grado de convertirse en una obsesión, ser diputada plurinominal del Partido Nueva Alianza (PAN) en el Congreso local.

La opacidad con la que se maneja la sección 19 del SNTE está reflejada en el uso del dinero que hace la dirigencia del Partido Nueva Alianza (PNA), sobre todo de recursos descontados a profesores con sus cuotas.

De esas cuotas, la profesora Gabriela Bañón Estrada cambió su estilo de vida, no solo las cirugías recientes también cuentan sus propiedades en bienes raíces y otros más de carácter material.

Por eso está ansiosa en ocupar el lugar de su compañera Blanca Nieves Sánchez Arano, quien como diputada es un fracaso y seguramente de llegar Gabriela Bañón será una fiel copia, tal y como lo fue al nivel federal María Eugenia Ocampo Bedolla, simples gritonas de la tribuna.

Hoy, al igual que Bañón Estrada, Zitlalli Suárez, dirigente de PNA en Morelos, disfrutan de las cuotas de los profesores en aula, de los retirados y de las mujeres pensionadas a quien la dirigente del SNTE en el estado pretende quitar sus plazas, para otorgarlas a sus familiares y cercanos.

Sin embargo, por la nueva conformación que tendrá el Poder Legislativo local, la dirigente del sindicato magisterial podría estar fuera de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, incluso hasta del cargo que hoy ostenta y del que debería haber dejado desde hace seis meses.

A eso habrá que aunar la postura de los profesores de aula y los que están jubilados, quienes mantiene su desconfianza porque durante la gestión actual siguen sin recibir las prestaciones sociales que son merecedores.

Por eso los profesores quieren la democratización del SNTE, para ya no tener arribistas y menos que sus aportaciones vayan hacia un partido que ni los representa ni defiende sus intereses, como actualmente pasa en el Congreso local con Blanca Nieves Sánchez Arano.

Después del seis de junio, el docente de aula está dispuesto en desconocer a Gabriela Bañón Estrada como su dirigente, en pedir a Zitlalli Suárez el regreso de los recursos económicos saqueados del SNTE para el Partido Nueva Alianza y también decir a la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano que no los representa.

Se viene un movimiento atípico dentro del sindicato magisterial de Morelos que ya era necesario, sobre todo porque los abusos hacia las bases por parte de la autoridad educativa cada vez son mayores.

No serán los disidentes quienes lleguen con la revuelta interna en la sección 19 del SNTE, también otros grupos internos y hasta los conocidos como institucionales quienes ya están hasta la madre de que solo sirvan como borregada de intereses ajenos a ellos.

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