Por: Felipe Villafaña

A prácticamente tres meses y medio para que termine el año 2021, el tema presupuestal vuelve a la palestra y el análisis de los servidores públicos, en donde es notorio que vendrán muchos cambios para el decenio venidero.

Sin duda alguna quienes serán más beneficiados serían los municipios con el retorno de unos tres mil 500 millones de pesos, que les fueron quitados en el gobierno de Graco Ramírez, para sacar adelante un programa de seguridad hasta ahora fallido como lo fue el Mando Único, ahora Mando Coordinado.

La recuperación económica que tendrán los alcaldes al tomar protesta el primero de enero del 2022 será muy interesante, porque deben aprender administrar los recursos financieros y más aún terminar con el quebranto en las arcas municipales.

Sin duda alguna, el trienio 2022-2025 económicamente estará más desahogado y podrán sacar adelante los adeudos históricos que mantienen con paraestatales del gobierno federal, organismos descentralizados del estado y en muchos casos hasta el pago de adeudos hacia los trabajadores.

En materia de Salud, habrá que buscar el equipamiento de los hospitales, sobre todo en las áreas Covid, que es donde actualmente por la pandemia son requeridos más recursos en atención hacia las personas que suelen contagiarse con el virus.

Es cierto, el dinero para Morelos es poco e insuficiente; sin embargo, desde el Ejecutivo se pretende estirar más la cobija para que tape a todos, hacer del poco dinero que llega al estado una administración diferente.

En el análisis del presupuesto no habrá sobresaltos ni enfrentamientos entre poderes, ya que hay preacuerdos interesantes, sobre todo en el fortalecimiento de dos áreas muy importantes para la sociedad y cuyas demandas es por mejorar la seguridad y los servicios de Salud.

Lo anterior genera certidumbre y hasta el desarrollo de las comunidades que integran el estado, porque dentro de la agenda económica está generar las condiciones para que los municipios ya cuenten con leyes de ingresos actualizadas. Por hoy es todo. 

Por: Felipe Villafaña

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, puso el dedo en la llaga, al anunciar que continuará con las 18 denuncias iniciadas hace tres años por los ex diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura local, especialmente contra Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.

Habrá una observación continúa sobre el avance de los juicios que son llevados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupciòn, sobre ambas ex diputadas y de su líder el ex gobernador ladrón que fue Graco Ramírez.

Sobre Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, hay denuncias por desvíos de recursos, desfalco al Poder Legislativo estatal y corrupción, que sumados significan cerca de 100 millones de pesos que fueron distribuidos entre 29 de 30 ex legisladores locales encabezados por Julio Espín Navarrete, Jaime Álvarez Cisneros, José Manuel Tablas Pimentel y varios más.

Desde su curul y en tribuna, el ex diputado local Jesús Escamilla (qepd) advirtió el saqueo que hicieron sus compañeros del presupuesto y patrimonio material del Poder Legislativo, al que tildaron de loco y al final tuvo la razón sobre los actos de corrupción en que incurrieron sus compañeros de la Quincuagésima Tercera Legislatura estatal.

A pesar de los amparos y argucias de Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, la realidad es que deben acudir semanalmente a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares, como lo que son: ladronas.

Lo mismo pasa con Jaime Álvarez Cisneros, quien ya traía cola desde la Secretaría de Turismo con la presentación de varios cantautores y la propia construcción de un predio olvidado como es la Arena Teques.

Hay 18 procedimientos judiciales que incluyen a la esposa del diputado indìgena del Movimiento Ciudadano, Julio César Solís, así como la esposa del ex diputado José Manuel Tablas Pimentel, mismas que recibieron jubilaciones doradas sin cumplir los requisitos.

Hay dos procedimientos judicializados contra el ex gobernador ratero de Graco Ramírez, uno por incurrir en actos de corrupción en el desvío de recursos públicos y un incidente más que un juez local le corrigió la página al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, por tráfico de influencias en la adquisición de un préstamo del Instituto de Crédito, sin tener derechos legales.

Los 18 procesos judiciales no quedarán en el olvido, ya lo advirtió el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Paco Sànchez Zavala, y ahora le toca al Pleno del Poder Judicial responder con una buena administración de la justicia que al momento el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz, simplemente, la tiene olvidada por atender asuntos meramente personales.

Y vaya que hay más diputados locales que estarán atentos en éstos procedimientos, sobre todo aquellos que padecieron del maltrato del ex gobernador Graco Ramírez y las diputadas Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta.

También seguirán los procesos judiciales contra ex servidores públicos vinculados en actos de corrupción en la administración graquista, como es la ex secretaria de Hacienda y ex contralora Adriana Flores Garza, quien en ambos cargos hizo y deshizo del presupuesto a su modo.

Y hay más carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General del Estado, en donde siguen sin darse el trámite correspondiente por parte del titular del área Uriel Carmona Gándara, pero que desde el Congreso local habrá presión para sacar adelante esos asuntos que dejaron en la quiebra al estado de Morelos y sus municipios.

Los morelenses exigen justicia y quieren ver en la cárcel a quienes saquearon con el ex gobernador Graco Ramírez al estado, a esos que se hicieron millonarios desde un cargo público y la representación popular.

La tarea es ardua para los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en donde es evidente que no hay uno solo con capacidad de hacer realidad la administración de justicia, solamente suelen verse intereses particulares entre los también conocidos como jueces de segunda instancia y que de manera vulgar es conocido como actos de corrupción. Por hoy, es todo.

Por: Felipe Villafaña

Los diputados entrantes de la Quincuagésima Legislatura local, tendrán exceso de trabajo, uno es desaparecer la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción o Anticorrupción como es conocida en el vox populi, la otra cambiar un fiscal General del Estado que comete diariamente delitos graves en perjuicio de la sociedad.

Cierto es que la Fiscalía Anticorrupción es actualmente una oficina de gasto y sin sustento, en la que su titular Juan Salazar Núñez está solamente para cobrar su oneroso salario mensual de 80 mil pesos y dar trabajo a personas que sirvieron al gobernador más corrupto que ha tenido Morelos: Graco Ramírez.

Tan es fiel a su amo Juan Salazar Núñez, que recientemente el Poder Judicial tuvo que recomponer la plana a éste personaje falto de ética y profesionalismo, al señalar que su amo si incurrió en delitos de abuso de poder y tráfico de influencias.

Hoy desde la Fiscalía Anticorrupción, el abogado de Yautepec no solo protege al ex gobernador, también a ex diputados locales y exservidores públicos estatales con quienes hizo trampas y fortuna.

Juan Salazar Núñez, viene de una familia tradicional y reconocida en Morelos su abuelo fue diputado local y creador de la primera Constitución Política del estado, incluso su tío fue un docto en la política y excelente servidor público del estado y del municipio de Yautepec, nunca ninguno de sus familiares fue conocido por ejercer actos de corrupción.

Sin embargo, el lodo que tiene Graco Ramírez, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa, Jaime Álvarez Cisneros, Jorge Messeguer Guillén, Matías Quiroz y demás escoria que sirvió al ex gobernador también lo tiene Juan Salazar Núñez.

De ahí que es indispensable por la salud política e imagen de Morelos, no sólo desaparecer la Fiscalía Anticorrupción quien al igual que la General del Estado y sus derivadas está llena de graquistas que dejaron al estado en la pobreza y lleno de deudas, mientras ellos se hicieron millonarios.

¿Cuál es la productividad de la Fiscalía Anticorrupción? Sin duda alguna ninguna, todos los juicios llevados los pierde o están ahí atorados en algún juzgado oral como es el caso de las ex diputadas Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, quienes siguen libres y despreocupadas por los delitos cometidos que deberían de añadirse el de homicidio culposo al provocar infartos en trabajadores del Poder Legislativo estatal.

Hay delitos graves y omisiones para destituir hasta al jefe de Juan Salazar Núñez, que es Uriel Carmona Gándara y que no solo inventa delincuentes para proteger a la banda de roba autos que tiene al interior de la Fiscalía General del Estado, la que como suele manejarse estaría implicando al jefe del ministerio público, a pesar de que presume de su pomposo apellido cuyos antepasados de sangre quizá fueron la aristocracia del barrio de Amatitlán, pero hasta ahí.

A partir del primero de septiembre, Morelos espera registrar una nueva historia en los diputados entrantes, mismos que deben cambiar lo que al momento hemos padecido en materia de procuración de justicia que no existe y a su interior hay toda una cueva de Ali Baba.

No será fácil la labor de los diputados entrantes porque también el fiscal ya se sabe el camino de cómo corromper jueces federales, para obtener amparos y poder seguir manejando bandas de roba autos y, quizá, hasta de secuestradores desde su cómoda oficina, con la protección del fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez. ¡Que poca ma…!. Por hoy es todo. 

Por: Felipe Villafaña

Los cambios son sanos y más aún cuando hay muchos errores cometidos de por medio, como es en el caso de las dirigencias estatales del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que hoy están carentes de militantes y en el caso del primero para evitar perder el registro ya recoge basura o desechos de otros institutos políticos.

Es inminente la salida de Jonathan Márquez del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos, porque su paso era solo provisional para ocupar el espacio que dejó el exdiputado Alberto Martínez González, quien pasó de noche por el espacio partidista.

Al momento, la única trascendencia por la que puede recordarse al chamaco de Temixco, Jonathan Márquez, es por expulsar a casi todos los priístas, menos a sus cuates quienes demostraron que en el pasado proceso electoral vieron que solamente quedan las limosnas del voto ciudadano.

El problema es que al interior del priísmo estatal no hay figuras rescatables para su manejo, hay jóvenes con talento como es Lourdes Riva Palacio Lavín y dentro de sus sectores y organizaciones están pérdidas.

Ya está la convocatoria para designar un dirigente del PRI en Morelos, pero el asunto es que quienes tenían el liderazgo ya todos fueron expulsados, o bien prefirieron salir porque no hay un planteamiento serio de reconstrucción como en su momento logró su dirigencia nacional con Beatriz Paredes Rangel, en donde lograron recuperar capitales de los estados en la elección del año 2009, en el 2012 la misma Presidencia de la República.

Quizá sean los últimos años del dinosaurio que cuando despertamos todavía ahí estaba, un partido político que en el siglo 21 fue competitivo durante su primera década, después es evidente que ya está a punto de extinguirse.

En el Partido Acción Nacional, también viene el cambio de dirigencia en donde los hermanos Juan Carlos, Adrián y Daniel Martínez  Terrazas, hicieron del instituto político un negocio familiar, con la repartición de candidaturas y de espacios públicos que lograban negociar en los tres niveles del gobierno.

Sin duda alguna la asamblea de los cinco panistas que quedan, definirán sobre un nuevo prospecto, además que Juan Carlos Martínez Terrazas ya no puede tener su segunda reelección por los estatutos internos.

El “triunfo” del PAN en Cuernavaca no fue por el excelente trabajo de la familia Martínez Terrazas, sino por la figura de un abogado sin partido político que logró convencer a los votantes por su proyecto de trabajo: José Luis Urióstegui Salgado.

Los escasos militantes de Acción Nacional carecen de liderazgos y las viejas familias albiazules saben que han perdido la filosofía y la identidad social, sobre todo su frase de trabajar por el bien común.

Sin embargo, al comité estatal del PAN le hará bien la renovación de su dirigencia y quizá llegue alguno de sus viejos militantes, porque dejaron de construir en los jóvenes y ahí no hay liderazgos sociales.

Con la convocatoria en la integración del Comité Estatal, hay la posibilidad que Daniel o Adrián puedan ser los dirigentes por mayoría de votos durante la asamblea, porque los cinco militantes que quedan en Acción Nacional son la familia feliz Martínez Terrazas. ¡Que con su pan se lo coman!. Por hoy es todo.

Por: Felipe Villafaña

El arribo de la familia Yáñez Moreno y Yáñez Vázquez al Partido Revolucionario Institucional, no es una gran noticia como la pretendió vender su dirigente estatal, Jonathan Márquez, al contrario, desde el punto de vista social y político fue mal vista.

Los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, solamente buscan desde sus negocios de la usura continuar protegidos, por un instituto político que les dará impunidad, dinero y más dinero.

Para todos es conocido que el padre de ambos personajes, Roberto Yáñez Vázquez, como comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, su paso es solamente para distraerse un poco, a la vez también generar ganancias con la venta de servicios a costos altos y la familia siga estando en los estándares de los millonarios de Cuernavaca.

Al igual tendrán el control de los espacios dentro del Congreso local, ahora con la herencia que le dejaron al tío Juan José Yáñez Vázquez y basados en la venta de plazas laborales, como sucedió en la Quincuagésima Segunda y Quincuagésima Tercera Legislatura local.

Al estilo de Javier Estrada González, los hermanos Yáñez Moreno tenían una lista múltiple de asesores y aviadores, a quienes solamente les pagaron la mitad de lo que decían cobraban sus “trabajadores”.

De hecho, la “raya” de los negocios dedicados a la usura que tienen Roberto y Julio cuando ambos fueron diputados, sus trabajadores cobraron en la nómina del Congreso local, pagándoles solamente la mitad y rasurándoles dos meses del aguinaldo.

Tanta es el hambre de los dos hijos del comisionado del IMIPE, que ahora con la esposa de Julio César en el Congreso local, Naida Josefina Díaz Roca, intentaron hacer lo mismo, pero no les funcionó al 100 por ciento, porque los trabajadores de base después de las malas experiencias con las ex diputadas Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta decidieron vigilar la nómina.

Intentarán con el tío Juan José Yáñez Vázquez hacer lo mismo, incluso de solamente dejar que su consanguíneo cobre solo sus 62 mil pesos de dieta y ellos llevarse el resto con las comisiones que presida, las plazas de asesores a las que tiene derecho y otros negocios más.

Los carnalitos ya se la saben y no podían entrar en competencia con el partido de los corruptos de Morelos Progresa, por eso decidieron renunciar a su militancia y se fueron con el chamaco imberbe que hoy cobra y muy bien en el PRI, Jonathan Márquez.

Sin duda, con el chamaco harán grandes negocios al interior del Congreso ahora siendo el PRI un grupo parlamentario y con derecho a formar parte del manejo administrativo y financiero del Poder Legislativo de Morelos.

De ahí que por el dinero que dejan los cargos de representación popular, el dirigente de lo que queda del priísmo morelense aceptó recoger la basura política que hay en el estado, más ahora que el instituto político por no reunir el 2.8 por ciento de militantes que exige la ley electoral está en riesgo de perder su registro local y quedarse sin las prerrogativas de 450 mil pesos mensuales.

Hoy el PRI sigue conservando su viejo estilo: lleno de personajes corruptos y alentando la basura y el escombro político, al que pertenecen los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, al cual también entra el tío Juan José Yáñez Vázquez que solamente llegó a una curul para salir de pobre.

Y mientras la basura o escombro político hace negocios, hay un estado que se cae entre la inseguridad, la pandemia y la falta de empleo, con jóvenes que son las víctimas de aquellos grupos delictivos que llegaron de centro y Sudamérica. Lamentable. Por hoy es todo.

        Por Immer Sergio Jiménez Alfonzo

México se sigue debatiendo en la división, la violencia, la podredumbre y la deshonestidad en todos los órdenes y acciones de los gobiernos federal, estatal y municipales en virtud de que se sigue un patrón imbuido a ellos por el habitante de Palacio Nacional, que ha hecho de su disque programa de gobierno un galimatías de ocurrencias, improvisaciones y lo peor, de fracasos recurrentes, ya que lo único que vale e importa es su voluntad y su capricho, y lo que opinen o piensen los miembros de su gabinete, a la postre, vale menos que un cacahuate.

El gobierno del Peje va de fracaso en fracaso pero él no lo ve así, sino que por muy pírrico que sea lo que logró como resultado de lo que haya emprendido, lo maximiza como algo grandioso o en el peor de los casos, culpa de su fracaso a sus opositores y a los que piensen diferente a él, adornando su risa burlona con “tengo otros datos”.

Eso sin embargo le ha ido quitando adeptos y seguidores en proporciones mayúsculas, como las documentadas en las votaciones constitucionales del 6 de junio pasado en donde según un comparativo respecto de los votos recibidos en la misma votación pero del 2018, perdió un tercio de los votos emitidos en su favor, lo que no le permitió a López Obrador y a Morena -su agencia de empleos y bendiciones políticas- tener la mayoría calificada en el Congreso Federal, con lo que se le esfumaron esos aires de grandeza con la que se investía.

Y no se diga de los miserables resultados del grandioso circo de su “consulta popular” sin pies ni cabeza, cuyo objetivo no era pedir permiso de aplicar la ley, ni mucho menos enjuiciar a los políticos de antaño -obvio, funcionarios menores- o a los expresidentes de la bautizada “mafia del poder” a quienes ni con un pétalo de rosa los ha perseguido o molestado, y que causo lástima a todo mundo aquí y allende nuestras fronteras, pero que el “espejito del peje” le dijo que era un gran triunfo, y sus robots y fanáticos aplaudieron a rabiar esa consigna.

Así y con esos aires de grandeza en que se envuelve y con el aplauso de sus pejeamlovers y sin importarle a AMLO que la pobreza siga golpeando a la población mexicana en plena pandemia del covid con el incremento en los precios de la canasta básica, y elevando también el número de quienes sufren los servicios de salud que está en crisis y que no llegan a más de 35 millones de mexicanos según el CONEVAL, López Obrador quiere montar otro circo y gastarse más de 1,500 millones de pesos en algo estúpido e innecesario como lo es el preparar otra consulta para saber si el pueblo quiere la terminación de su mandato como presidente o no, o mejor destinar esos recursos en mejorar esos servicios de salud y de educación o destinarlos a pagar adeudos de energía eléctrica que tienen los ayuntamientos con CFE y por los cuales no llega el agua a los hogares como los de Cuernavaca, ante las raterías de Villalobos que preside el ayuntamiento.

No cabe duda que el poder trastorna y enloquece.