Sidebar

23
Thu, Jan
-->

LOS CORRUPTOS FISCALES NO ESTÁN HACIENDO SU CHAMBA…

LA COLUMNA...
Typography

Por: Felipe Villafaña

El presupuesto para las fiscalías General del Estado, Antisecuestro y Anticorrupción en global es de 761 millones 806 mil pesos para el presente año, pero un 70 por ciento de los recursos económico van dirigidos al pago de nómina y gastos personales de sus titulares.

De hecho, al fiscal General, Uriel Carmona Gándara, y el de Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, más que recibir su presupuesto deberían estar sujetos a una evaluación sobre su desempeño en el cargo público.

La misma propuesta incluye a la fiscal Antisecuestro, Adriana Pineda, quien recientemente fue señalada y acusada de inventar falsos testigos para poder enjuiciar a presuntos plagiarios en los respectivos juicios orales.

No es la primera ocasión que los tres fiscales en Morelos están inmiscuidos en una serie de acciones ilícitas, o bien que son un argumento para que renuncien como sucedió recientemente con el fiscal General, Uriel Carmona Gándara, acusado de presuntamente vender plazas de la Policía de Investigación Criminal, de ministerios públicos, peritos y otras más.

Los elementos de las acusaciones fueron presentados por parte de quienes se sintieron agredidos, sin la esperanza de iniciar una denuncia penal contra el servidor público porque saben que habría represalias.

Con todo lo que pasa al interior de la FGE es para que su titular esté en la cárcel, pero al parecer tiene el apoyo de uno de los inquilinos del Palacio de Gobierno para seguir en el cargo, así como de algunos diputados como es el caso del hablantín coordinador de la bancada legislativa del Partido Encuentro Social, Marcos Zapotitla Becerro.

Los delitos cometidos en perjuicio de la sociedad morelense por parte del notario con licencia son amplios y junto con el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, son los principales obstáculos para que jueces no puedan someter a diversos juicios al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, así como a sus colaboradores y ex diputados locales que colaboraron en el saqueo del estado.

Dentro del Poder Judicial hay quejas múltiples por parte de los jueces de primera y segunda instancia (magistrados) contra el actuar de los fiscales, porque suelen entregar expedientes incompletos o la judicialización de carpetas de investigación mal hechas.

Es tanta la incapacidad de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, que recientemente en un encuentro casual entre algunas diputadas y magistrados, los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, solicitaron el cambio de ambos e incluso de la fiscal contra el secuestro y la extorsión, Adriana Pineda.

Los jueces de primera instancia han manifestado al Pleno Judicial del estado su malestar porque tienen que dejar libres a presuntos delincuentes, aunque los hayan aprehendido en flagrancia del delito, debido a que ninguna de las fiscalías aporta los elementos legales suficientes para poder sancionarlos con la cárcel.

Un dato más que otorgaron a las diputadas locales los magistrados es que no pueden avanzar en los juicios contra el ex gobernador Graco Ramírez, debido a que las pruebas aportadas por la Fiscalía General y Anticorrupción son otorgadas a cuenta gotas o bien no son las que aportaron los demandantes.

De igual manera pasa en los juicios que hay en contra de las ex diputadas Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, a quienes el fiscal Anticorrupción les debe el favor de haberlo designado en el cargo.

La protección que hay en las fiscalías para proteger también a otros ex servidores públicos del gobierno perredistas, también incluyen al desvío de recursos dentro del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias, Elena Cepeda de León, así como la secretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina y algunos más.

De hecho, los magistrados advirtieron a las diputadas locales que si quieren haya la adecuada administración de la justicia debe darse de inmediato el cambio de los tres fiscales, porque todos están involucrados con el gobierno anterior.

La respuesta de las diputadas fue contundente: no puede hacerse el cambio porque hay diputados y secretarios del gobierno actual quienes protegen a los fiscales, así como la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional  y el Partido Encuentro Social en la entidad.

La protección hacia Juan Salazar Núñez, Uriel Carmona Gándara y Adriana Pineda también la tiene desde las dirigencias del Partido Acción Nacional, con su dirigente Juan Carlos Martínez Terrazas.

De igual manera, también el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez González, está inmiscuido en dar protección hacia los fiscales, porque les debe varios favores por incurrir en diversos delitos. ¡Guácala!. Por hoy es todo, nos leemos el lunes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.