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¿QUÉ HACEN, A QUÉ SE DEDICAN BEATRIZ VICERA ALATRISTE Y HORTENCIA FIGUEROA PERALTA?.

LA COLUMNA...
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Por: Felipe Villafaña

Hubo mucho escándalo y simulación, hasta ahora, en las denuncias por incurrir en actos de corrupción del ex gobernador Graco Ramírez, las ex diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y Silvia Irra Marín, así como la ex secretaria de Obrad, Patricia Izquierdo Medina.  

Ha pasado un año y dos meses de haberse iniciado sendas denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la de Anticorrupción, en donde hay una evidente ignorancia desde sus cabezas, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, sobre su obligación laboral.

Actualmente, a los entenados del ex gobernador Graco Ramírez solamente les falta pedir perdón públicamente a quien los adoptó, así como al club que lo acompañó en el saqueo a Morelos.

Ambas fiscalías hoy están en la boca del pueblo, porque su labor es nula y la corrupción que prevalece –sobre todo en la General del Estado- va en incremento, y cada vez hay más evidencias de asuntos graves que son sustento legal para destituir al fiscal Uriel Carmona Gándara.

Para qué tanta faramalla contra un ex gobernador que indudablemente utilizó el Poder Ejecutivo no para hacerse rico con su familia, sino millonario y hoy viaja con los recursos que iban para programas de extrema pobreza, apoyo a damnificados y que hoy presume son de su propiedad y lo hizo de manera indolente.

Todo lo anterior con el apoyo de las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta, quien desde que salió de la curul hoy trata de refugiarse en una modesta pozolería para evitar la cárcel con todo el apoyo de quien fue su compañero de militancia en el Partido de la Revolución Democrática, Juan Salazar Núñez.

Lo mismo pasa con la enferma (pero de la cabeza) de la ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste, quien está agazapada y viviendo bajo la simulación dolencias irreales.

No se diga la ex diputada Silvia Irra Marín quien utilizó recursos públicos federales, en las que involucró a un grupo de mujeres para la adquisición de maquinaria y fueran las que hicieran los uniformes escolares, que nunca fueron entregados.

No fue lo único, la diputada despojo de las máquinas para apropiárselas a un grupo de 30 mujeres y las dejó con la deuda, por ese tema hay una denuncia colectiva y 30 más de manera particular ante la Fiscalía General del Estado sin caminar, quizá ya enterrada en el Servicio Médico Forense.

Las omisiones y falta de profesionalismo en las fiscalías morelenses están evidenciadas en las acusaciones hechas por desvío de recursos financieros, pésimos trabajos realizados y otros fantasmas (que no fueron realizados) contra la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina.

La ex colaboradora en el gobierno de Graco Ramírez fue perdonada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia: Rubén Jasso Díaz y Carmen Aquino Celis, por cierto esta última comadre del ex gobernador perredista.

Y todo fue por la mala integración de las carpetas de investigación hechas por las fiscalías, en las distintas denuncias penales iniciadas, que al parecer fueron a propósito y con el apoyo de Carmona Gándara y Salazar Núñez.

Pero también está otro caso: del ex secretario de Turismo y ex diputado del Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, la carpeta de investigación judicializada fue regresada a la Fiscalía Anticorrupción porque estaba mal hecha.

El ex dirigente del Movimiento Ciudadano en Morelos cuando menos tiene 20 propiedades en bienes inmuebles en el estado, entre edificios, residencias y otros en 20 años que llegó a Cuernavaca con una mano atrás y otra adelante.

La mayoría de sus propiedades las adquirió en el sexenio de Graco Ramírez, muchas están ubicadas en la zona residencial de Vista Hermosa, Reforma y Delicias, regiones de Cuernavaca en donde mantienen una plusvalía demasiado alta.

Lo mismo pasa con Francisco Moreno Merino, el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional, quien para no pasar más vergüenzas de todo el desastre que dejó en el Congreso local, mejor se fue a Quintana Roo como delegado del cuasi desaparecido instituto político.

Hay más priístas también involucrados con Graco Ramírez y el desfalco a Morelos que las fiscalías ni los tocan, uno de éstos es Alberto Martínez González, el dirigente del tricolor.

Nombres de quienes deben ser sancionados por actos de corrupción olvidados está el ex candidato al gobierno del estado y ex diputado local del Partido Acción Nacional, Víctor Caballero Solano, quien también al final de la Quincuagésima Tercera Legislatura local fue beneficiado económicamente.

Hay muchos pendientes que tienen los ministerios públicos del estado, pero como sus titulares pertenecen a la familia Ramírez-Cepeda-Gayosso no veremos jamás a ninguno de los saqueadores en la cárcel. Luego entonces, ¿para qué tanto escándalo?. Por hoy es todo, nos leemos el lunes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA