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Por: Felipe Villafaña

Antes de concluir el año el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, ha iniciado el planteamiento de su segundo año de gobierno, con el apoyo en programas por parte de la Federación.

Es interesante la propuesta de restablecer las campañas de prevención del delito, no sólo basadas en la recuperación de los espacios públicos como son los jardines que hay en la ciudad.

Es también, a través del sistema municipal para el Desarrollo Integral de las Familias, trabajar en el núcleo social que permita desde ahí evitar que los adolescentes sean presa de las bandas delincuenciales.

El tema es interesante, sobre todo en las colonias y pueblos étnicos que hay en Cuernavaca considerados focos rojos en el rubro de seguridad, no por ser un cordón de marginación y pobreza, sino por los estereotipos que hoy manejan los jóvenes de la vida dentro de la abundancia económica.

Por ello también le tiende la mano al gobierno estatal, porque tienen que trabajar de manera coordinada en lo que es el programa de paz y la capital morelense sea incluida dentro del Mando Coordinado con acuerdos puntuales entre el municipio y el Ejecutivo.

Cuernavaca está en momentos de todo tipo de crisis, pero aun es salvable y puede volver a brillar como en sus buenas décadas, es lo que plantea el alcalde Antonio Villalobos Adán.

Es el momento de reactivar la economía local, para ello con el apoyo del gobierno Federal vendrá un cambio de imagen de la ciudad, con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Más aun con la propuesta que harán al Congreso local en aprobar que el ayuntamiento de la Ciudad de la Eterna Primavera pueda renegociar la deuda, para que pase de la banca privada a la de desarrollo y con ello disminuir el pago de intereses moratorios.

El año 2020 para el alcalde es necesario también que toda la ciudad esté iluminada, que haya mejores servicios como el del agua potable al sostener un convenio con la Comisión Federal de Electricidad.

En este año por la deuda heredada, reconoció que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, había tenido problemas en el abastecimiento del líquido a la sociedad, pero conforme a los acuerdos con la CFE la prioridad es continuar con las mensualidades y buscar formas de cómo disminuir los consumos de energía eléctrica en los pozos.

El ahorro de todos los recursos es una prioridad dentro de la Comuna, porque también puede volverse sustentable con edificios inteligentes, en la capacidad de generar sus propios sistemas del uso de la luz solar, para alimentarlos de energía.

Con el ahorro de los recursos económicos, entonces vendrían los recursos propios para hacer la obra pública en las comunidades, así también actualizar las redes de agua potable y evitar las fugas.

El segundo año de Antonio Villalobos Adán lo muestra como una oportunidad de trabajar más a fondo sobre el desarrollo de Cuernavaca, de dar pasos más firmes en sacar adelante una comunidad que tuvo un abandono severo en pasadas administraciones.

Es de recordar que durante todo el trienio de Jorge Morales Barud Cuernavaca estuvo abandonada, bajo el pretexto de que era pagada la deuda pública y, sin embargo, en el trienio del ixtleco no hay una sola obra para recordar.

En realidad fue una administración la de Morales Barud para el olvido, porque todo quedó estancado y al contrario el expresidente municipal dejó de pagar muchas cuentas a proveedores, impuestos al gobierno federal, al Instituto de Crédito, a la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.

Y no ha sido fácil para Antonio Villalobos Adán hacer eficientes los servicios que presta el municipio a los ciudadanos, sobre todo en una de las principales quejas que es la recolección de la basura un tema en el que también la sociedad olvida colaborar a fondo.

De ahí que Antonio Villalobos Adán asume el compromiso de hacer del 2020 el año del cambio en Cuernavaca, ya con programas de trabajo prestablecidos y los apoyos financieros que requiere la Comuna para recuperar la imagen pérdida.

Sin olvidar que también debe trabajar conjuntamente con el gobierno estatal, para lograr los objetivos planteados y por ello extendió la mano en la espera de que venga el diálogo y haya una labor conjunta que beneficiará a los habitantes.

Desde el gobierno estatal los encargados de la política interna del estado tienen la obligación legal, ética del servicio público y social para contestar al presidente municipal de Cuernavaca.

En caso de seguir en su omisión, en caso de continuar negándose pueden salir de donde vinieron por la autopista Miguel Alemán Valdez, por la Siglo XXI, o también la Autopista del Sol: Total como decían los César, todos los caminos llevan a Roma. Por hoy es todo, nos leemos el viernes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

Antes de concluir el año, el Congreso de Morelos iniciará el juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, por haber incurrido en la presunción de diversos delitos que fueron en perjuicio de la sociedad estatal.

La solicitud hecha por el Poder Ejecutivo es interesante, porque la genera un experto en leyes y, en su momento, reconocido como un buen magistrado dentro del Poder Judicial y es el caso de Samuel Sotelo Salgado.

El juicio político no es únicamente para quitarle sus derechos e inhabilitar al ex gobernador, sino también otra manera de buscar encarcelarlo por el atraco hecho por él y su familia durante su administración estatal.

Sin duda, el tema será interesante y evidentemente los diputados habrán de aprobar dicho juicio, tanto en el Pleno como en la Comisión de Gobernación y Gran Jurado en donde la tarea para la diputada Keila Celene Figueroa Evaristo no es absolutamente nada fácil.

Sin embargo, el ex gobernador en su derecho de defensa no se quedará de brazos cruzados y como tiene muchos amigos importantes dentro del gobierno federal y los partidos políticos, sin duda alguna evitará que sus aliados magistrados del Poder Judicial del estado evite sea sancionado con todo el rigor de la ley.

Los 18 magistrados de número le deben al ex gobernador Graco Ramírez todo, un mejor presupuesto, más años para estar en el cargo y poder jubilarse sin problemas al cumplir los 70 años, bien cuando terminen los 20 años en el cargo.

Hay los elementos jurídicos, políticos y sociales para que Graco Ramírez esté tras las rejas en el penal de Atlacholoaya, pero lo que cosechó a favor de los magistrados es un favor que le deben y los jueces de segunda instancia lo pagarán bien con su exoneración.

Hoy puede verse toda la protección que hay contra los colaboradores del ex gobernador por parte del Tribunal Superior de Justicia, en donde los jueces buscan todo tipo de argumento legal para evitar que los cómplices del ex mandatario sigan su libertad sin problemas.

De lo anterior, no hay un ejemplo, son varios como es el de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina; el ex director del DIF-Morelos, Alejandro Alonso Arreola, entre otros.

No son los únicos, ahí está con retraso y avanza demasiado lento el proceso jurídico contra las ex diputadas Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, quienes con los recursos del Congreso local también se hicieron millonarias.

El manto de protección y complicidad hacia el ex gobernador, su familia, colaboradores y ex diputados viene también desde la mal llamada Fiscalía Anticorrupción y la General del Estado, porque sus titulares le deben ocho años becados a Graco Ramírez.

Sin duda alguna, también desde la FGE y la de Anticorrupción harán lo propio, cuando se les requiera, para continuar con la protección al verdadero jefe de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

No hay que olvidar que Graco Ramírez como gobernador, a Gándara Carmona no sólo lo hizo fiscal, sino también le regaló una Notaria que hoy maneja su esposa y familia.

Los diputados harán su esfuerzo para buscar las sanciones contra el ex gobernador, de eso no queda duda porque la sociedad observará muy de cerca el juicio de garantías constitucionales.

Es procedente dicho proceso político, de eso no cabe la menor duda y cuando menos se cuentan con 18 votos para iniciarlo, pero al pasar al dictamen sobre las sanciones en el Poder Judicial la respuesta de los magistrados será de darle la protección debida.

Por lo pronto, Graco Ramírez vuelve a ser recordado por los representantes populares de Morelos y sin incurrir en la consigna, sino de cumplir con un compromiso con la sociedad vendrá el proceso político.

Graco, sería el segundo gobernador sujeto a juicio político en los últimos 21 años por un Congreso estatal, la histórica Cuadragésima Séptima Legislatura local hizo lo propio con Jorge Carrillo Olea, quien fue inhabilitado por los entonces respetables magistrados del Poder Judicial y quedó inhabilitado para ocupar cualquier cargo público o de representación popular durante 15 años.

Actualmente, pareciera que la historia se repite con Graco Ramírez pero con las escasas probabilidades de que haya un final feliz para el pueblo, donde lo habrá será en la familia Ramírez Cepeda porque saben que saldrá exonerado.

Y mientras, a esperar qué pasa en la próxima sesión del Congreso local las posiciones que asumirán las bancadas legislativas, en momento que la sociedad perdió la esperanza de ver a Graco Ramírez y su banda encarcelados. Por hoy, es todo, nos leemos el miércoles. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe Villafaña

Hay varios alcaldes que han cambiado de vecindad bajo el argumento de sentirse inseguros en sus municipios, suelen gobernar a control remoto y es difícil verlos en sus comunidades en las que hacen prácticamente “visitas de doctor”.

Quienes más han optado por salir de los municipios que están bajo su tutela son aquellos presidentes municipales reelectos, a quienes al parecer al trasladarse a Cuernavaca tienen que rentar o adquirir una vivienda cuyos costos suelen ser millonarios.

Estos ediles cuentan con seguridad especial, camionetas blindadas y al estar lejos de sus gobernados es obvio el olvido de sus habitantes, para solo acudir por momentos al Cabildo o bien se los encargan al Síndico Municipal.

Caso específico está Xochitepec, su alcalde, hoy, inexplicablemente millonario, Alberto Sánchez Ortega optó por tener su residencia en Cuernavaca y solamente acudir casualmente a la localidad, por mero trámite legal.

En este tipo de huidas hay otros concejales más, quienes se sienten inseguros en sus pueblos y advierten que son amenazados por la delincuencia organizada, para buscar que la Tesorería Municipal les pague la renta de lujosas residencias o bien la adquisición de alguna en los fraccionamientos exclusivos que cuenta la capital morelense.

Huyen como cobardes, es la expresión del vox populi, porque al final los habitantes de Xochitepec y otros pueblos más no lo pueden hacer porque ahí tienen su patrimonio, viven en la pobreza o extrema pobreza y tienen que crear la forma de sobrevivir a la violencia.

Lo peor es que dentro de las comunidades van gestándose condiciones de vida cada vez más difíciles, que por irresponsabilidad oficial tampoco las demandas populares dejan de ser respondidas por la autoridad.

Ese abandono también provoca desorden, ineficiencia y conflictos al interior de las Presidencias Municipales, porque todos quieren tomar el mando abandonado más que por inseguridad es derivado de tener una zona de confort por parte de quienes deben administrar el tercer orden del gobierno.

Esta soledad que viven algunos municipios sin una real autoridad, provoca el enojo social, pero también el exigir a su autoridad que si no aguantan la presión de administrar un municipio mejor renuncien.

Y es cierto, porque dentro de los pueblos de Morelos todos saben que actualmente el mantenimiento de un alcalde y dodo su Cabildo, junto con el personal que suele autoasignarse, representan un gasto oneroso.

El problema es que tampoco pueden pedir al diputado del Distrito tanto local como federal intervengan, porque también cambiaron de domicilio y ya no los ven ni en pintura.

De los cinco diputados federales, al momento ninguno ha regresado a sus comunidades, hace unas semanas presentaron su informe de “actividades” de forma cuasi privada y solo ante sus cuates y personal que cobra con ellos en San Lázaro.

De los Senadores hasta donde es conocido también los de la Cuarta Generación cambiaron de domicilio, como es el caso de Lucia Meza Guzmán que solamente va a Cuautla por interés electoral.

Esa es la triste realidad sobre las autoridades y representación popular federal que hoy tienen abandonados a los más de 400 pueblos de Morelos, quienes han dejado de responder las demandas de los ciudadanos.

Las autoridades huyen por presuntas amenazas, por actos de inseguridad pública y no pasa nada, pero habrá que cuestionarlo y quién es el culpable de la violencia en el territorio morelense.

Al momento, es desconocido un proyecto social en materia de prevención del delito en varios municipios, en Cuernavaca está el rescate de los espacios públicos y en Jiutepec –por citar dos ejemplos- es SÚMATE, en donde participa toda la comunidad.

¿Por qué los alcaldes reelectos no tienen un programa de prevención del delito?, quizá debido a que en su segundo periodo van solamente para fortalecer las finanzas, no de los ayuntamientos que gobiernan sino las personales y familiares.

Eso pasa en Xochitepec, Yecapixtla, Yautepec, Jonacatepec y Emiliano Zapata, en donde casualmente los actos de violencia son cada vez mayores y directamente contra la sociedad.

Es en las localidades antes referidas donde el cobro de piso para el comercio formal e informal cada vez es mayor, en las que las mujeres son atacadas, en donde no hay un buzón de quejas –cuando menos- para que conozcan la opinión de sus gobernados.

Por ello también hay leyes de ingresos malhechas y violatorias al marco legal, con un presupuesto desfasado de la realidad que viven los municipios y en donde hay quienes quieren construir un puente en donde es totalmente innecesario, como que pase un río para hacer la obra en referencia.

En este abandono social que mantienen algunos presidentes municipales cada vez es más agudo, pero hay quienes también alegan que fue por deudas heredadas del pasado y a pesar de su reelección ese discurso está demasiado desgastado.

Dentro del servicio público quienes están al frente del mismo solo requieren tener responsabilidad e imaginación para el trabajo conjunto con la sociedad, en caso de no poder la salida es fácil: renuncien.

En Morelos, es inviable continuar con la simulación o ser ediles para la foto cuando proporcionan regalos por el Día del Niño o de la Madre, ya es necesario que la tercera autoridad para evitar huir de sus pueblos genere condiciones de prevención del delito, que es el primer camino para evitar la inseguridad pública. Por hoy es todo, nos leemos el viernes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

Por: Felipe  Villafaña

Para el próximo año, el gobierno federal tiene dispuestos para estados y municipios un presupuesto de 32 mil millones de pesos destinados al Ramo 28, que son para la promoción en inversiones, empleo y generación de ingresos hacia los ayuntamientos. Para disponer de los recursos públicos económicos el gobierno estatal y los presidentes municipales deben arrastrar el lápiz y presentar sus propuestas de manera precisa, porque son recursos etiquetados, sin la mínima  posibilidad de que los lleven a sus cuentas bancarias personales. 

En otras palabras más coloquiales, los gobernadores y ediles contarán con los recursos económicos para poder llegar a grupos sociales de emprendedores, comerciantes, empresarios y otros que les permitan generar inversiones.

El Fondo Morelos como los propios ayuntamientos deberán abrir las bases correspondientes para que los grupos vulnerables también generen el autoempleo, que permitan combatir los fenómenos sociales como la pobreza y pobreza extrema.

Solo se trata que tanto el Ejecutivo estatal y los Cabildos sean creativos para beneficiar sus gobernados, cambiar realmente la imagen de sus comunidades e iniciar a fondo con dos programas exigidos por la sociedad: prevención del delito y seguridad pública.

Ambos órdenes de gobierno para tener acceso al recurso millonario deberán acudir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien administrará el dinero público respectivo.

Es interesante la propuesta porque los 32 mil millones de pesos deberán ser resarcitorios; es decir, regresarse a la federación a través de las propuestas que también haga la sociedad con jóvenes, mujeres y hombres emprendedores.

La propuesta del gobierno de la Cuarta Transformación es otorgar créditos empresariales, para la expansión o bien la creación de negocios con la capacidad de que también haya el beneficio para los municipios y los estados.

La recuperación de los municipios está con la apertura de las licencias comerciales, con el impuesto local y también los estados ganan, debido a que con la generación de inversiones y empleos formales disminuye la informalidad.

Además, lo importante para el gobierno federal y los estados es que aumenta el padrón de contribuyentes, para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR).

Todo este círculo económico conviene más hacia los municipios porque fiscalmente y en ingresos propios los apoya para hacerlos más autofinanciables, dejar de estirar la mano y solo pedir dinero.

La propuesta liga otro tema al ser recursos etiquetados los del Ramo 28, que los gobernadores y Cabildos dejen de utilizarlos para el pago de deudas, gastos personales o dar empleo a la parentela, al compadre, amante o amig@s.

De hecho, el Ramo 28 es poco utilizado por los municipios y los estados, una cifra interesante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue que para el año 2018 hubo un subejercicio sobre tres mil 500 millones de pesos del programa.

Los estados y municipios que tomaron los recursos financieros un 70 por ciento hicieron mal uso del dinero, al utilizarlo al pago de deudas, pasivos o bien para gastos personales.

Ahora con la reforma al artículo Segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, simplemente les amarran las manos a gobernadores y alcaldes para que trabajen y con imaginación también sean creadores de empleos, no al interior de las Comunas sino con base a incentivar la economía local.

Al principio del presente siglo, las administraciones presidenciales habían regresado a las economías paternalistas, en las cuales otorgaban dinero a los estados y municipios porque los reclamaron para el desarrollo de sus comunidades.

Mucho de los recursos financieros del gobierno federal fueron a parar en incrementos salariales a la burocracia dorada como eran la de los gobernadores, diputados locales, magistrados, secretarios de despacho, alcaldes y sus Cabildos que con estos recursos se hicieron millonarios y sus pueblos siguen igual de pobres.

Lo peor es que dejaron de pagar los servicios que otorga el gobierno federal porque les perdonaron las deudas, hicieron cajas chicas las Comisiones de Agua los sistemas de Agua Potable municipales y otros organismos descentralizados.

Al verse rebasados los gobiernos estatales y municipales como es el caso de Morelos, acudieron al crédito con la banca privada que hoy mantiene en crisis financiera al Ejecutivo como a los ayuntamientos.

Ahora, la SHCP al ver que hubo excesos con los recursos remitidos a través del Ramo 28 y otros, planteó un nuevo esquema de apoyos en donde simplemente les dice a los gobernadores y presidentes municipales: te doy pero me lo regresas, porque el dinero no es tuyo ni mío.

La lógica financiera tomada por las dependencias federales fue impuesta porque también ha observado que ni los estados y menos los municipios, con el apoyo de los congresos locales y las fiscalías, buscan un verdadero castigo hacia quienes saquearon las arcas públicas.

El gobierno federal no los abandona y solamente les dice hay 32 mil millones de pesos, con ese dinero apoyen a sus comunidades y también ustedes tendrán ingresos propios para poder ser más operativos solo que hoy deben ser más imaginativos.

Lo bueno de Morelos es que la economía no está basada en un solo rubro, hay industria, hay comercio, prestadores de servicios, ciencia y tecnología gracias a sus virtudes ambientales. Por hoy es todo, nos leemos el miércoles. 

Por: Felipe Villafaña

Hubo mucho escándalo y simulación, hasta ahora, en las denuncias por incurrir en actos de corrupción del ex gobernador Graco Ramírez, las ex diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vicera Alatriste y Silvia Irra Marín, así como la ex secretaria de Obrad, Patricia Izquierdo Medina.  

Ha pasado un año y dos meses de haberse iniciado sendas denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la de Anticorrupción, en donde hay una evidente ignorancia desde sus cabezas, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, sobre su obligación laboral.

Actualmente, a los entenados del ex gobernador Graco Ramírez solamente les falta pedir perdón públicamente a quien los adoptó, así como al club que lo acompañó en el saqueo a Morelos.

Ambas fiscalías hoy están en la boca del pueblo, porque su labor es nula y la corrupción que prevalece –sobre todo en la General del Estado- va en incremento, y cada vez hay más evidencias de asuntos graves que son sustento legal para destituir al fiscal Uriel Carmona Gándara.

Para qué tanta faramalla contra un ex gobernador que indudablemente utilizó el Poder Ejecutivo no para hacerse rico con su familia, sino millonario y hoy viaja con los recursos que iban para programas de extrema pobreza, apoyo a damnificados y que hoy presume son de su propiedad y lo hizo de manera indolente.

Todo lo anterior con el apoyo de las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta, quien desde que salió de la curul hoy trata de refugiarse en una modesta pozolería para evitar la cárcel con todo el apoyo de quien fue su compañero de militancia en el Partido de la Revolución Democrática, Juan Salazar Núñez.

Lo mismo pasa con la enferma (pero de la cabeza) de la ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste, quien está agazapada y viviendo bajo la simulación dolencias irreales.

No se diga la ex diputada Silvia Irra Marín quien utilizó recursos públicos federales, en las que involucró a un grupo de mujeres para la adquisición de maquinaria y fueran las que hicieran los uniformes escolares, que nunca fueron entregados.

No fue lo único, la diputada despojo de las máquinas para apropiárselas a un grupo de 30 mujeres y las dejó con la deuda, por ese tema hay una denuncia colectiva y 30 más de manera particular ante la Fiscalía General del Estado sin caminar, quizá ya enterrada en el Servicio Médico Forense.

Las omisiones y falta de profesionalismo en las fiscalías morelenses están evidenciadas en las acusaciones hechas por desvío de recursos financieros, pésimos trabajos realizados y otros fantasmas (que no fueron realizados) contra la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina.

La ex colaboradora en el gobierno de Graco Ramírez fue perdonada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia: Rubén Jasso Díaz y Carmen Aquino Celis, por cierto esta última comadre del ex gobernador perredista.

Y todo fue por la mala integración de las carpetas de investigación hechas por las fiscalías, en las distintas denuncias penales iniciadas, que al parecer fueron a propósito y con el apoyo de Carmona Gándara y Salazar Núñez.

Pero también está otro caso: del ex secretario de Turismo y ex diputado del Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, la carpeta de investigación judicializada fue regresada a la Fiscalía Anticorrupción porque estaba mal hecha.

El ex dirigente del Movimiento Ciudadano en Morelos cuando menos tiene 20 propiedades en bienes inmuebles en el estado, entre edificios, residencias y otros en 20 años que llegó a Cuernavaca con una mano atrás y otra adelante.

La mayoría de sus propiedades las adquirió en el sexenio de Graco Ramírez, muchas están ubicadas en la zona residencial de Vista Hermosa, Reforma y Delicias, regiones de Cuernavaca en donde mantienen una plusvalía demasiado alta.

Lo mismo pasa con Francisco Moreno Merino, el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional, quien para no pasar más vergüenzas de todo el desastre que dejó en el Congreso local, mejor se fue a Quintana Roo como delegado del cuasi desaparecido instituto político.

Hay más priístas también involucrados con Graco Ramírez y el desfalco a Morelos que las fiscalías ni los tocan, uno de éstos es Alberto Martínez González, el dirigente del tricolor.

Nombres de quienes deben ser sancionados por actos de corrupción olvidados está el ex candidato al gobierno del estado y ex diputado local del Partido Acción Nacional, Víctor Caballero Solano, quien también al final de la Quincuagésima Tercera Legislatura local fue beneficiado económicamente.

Hay muchos pendientes que tienen los ministerios públicos del estado, pero como sus titulares pertenecen a la familia Ramírez-Cepeda-Gayosso no veremos jamás a ninguno de los saqueadores en la cárcel. Luego entonces, ¿para qué tanto escándalo?. Por hoy es todo, nos leemos el lunes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

                                                                                                   

Por: Felipe Villafaña

Para el año en curso, el Congreso de Morelos aprobó un presupuesto de 640 millones de pesos para las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del gobierno estatal, que para el 2020 la cantidad podría llegar a los 900 millones de pesos.

En los tres niveles del gobierno, universidades públicas y otros organismos descentralizados han manifestado su “preocupación” por el incremento de las personas que piden su retiro, debido a que cada vez es mayor el número de quienes acuden a la prestación social.

Sin embargo, de los 640 millones de pesos remitidos para las jubilaciones y pensiones en trabajadores del estado un 60 por ciento corresponden a las conocidas como jubilaciones doradas, de aquellos ex servidores públicos que tuvieron salarios por más de 35 mil pesos.

La actual ley sobre el retiro de los trabajadores de confianza es muy laxa, sencilla y hasta favorable para que también los ex gobernadores como Jorge Morales Barud, Jorge Arturo García, Sergio Estrada Cajigal, Marco Antonio Adame Castillo y el más ladrón de todos y hasta juntos, Graco Ramírez tengan también su mensualidad de 120 mil pesos, más prestaciones sociales, aguinaldo de 90 días y otros apoyos más sin problemas.

En el país como en Morelos es indispensable haya una reforma al marco legal para frenar el abuso sobre lo que son las pensiones y jubilaciones, porque están convirtiéndose en una pesada carga en la entidad.

No son los trabajadores de base quienes provocan la quiebra de las finanzas públicas del estado, sino es una reforma aprobada al final del gobierno de Marco Antonio Adame Castillo para que los trabajadores de confianza con 10 años de servicio pudieran tener el derecho de ser pensionados.

A esa reforma de ley acudieron más de 150 empleados de confianza, entre otros secretarios de despacho, subsecretarios, directores generales, coordinadores y jefes de área, sin importar que su edad apenas superara los 30 años.

Esta reforma fue ratificada por la Legislatura local pasada, sobre todo después del proceso electoral del año 2018 cuando el Partido de la Revolución Democrática había perdido el proceso electoral, como la gubernatura estatal y la mayoría de las curules al interior del Poder Legislativo.

Es increíble porque Morelos es el único estado en el país donde las pensiones doradas son mayores, en la que las diferentes legislaturas por conveniencia partidista han dejado de lado.

Para un estado en –prácticamente- quiebra financiera interna, los ex gobernadores deben dejar de cobrar sus 120 mil pesos mensuales por haber sido electos como tales, quienes tienen derecho a tres agentes para su seguridad propia, apoyos en gastos personales de hasta 60 mil pesos, así como otros en gastos médicos por 80 mil pesos.

Hay ex gobernadores como es el caso de Jorge Arturo García Rubí quien por haber estado al frente por cuatro meses al frente del Poder Ejecutivo recibe todos los apoyos económicos y prestaciones sociales, pero también está jubilado por ser magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, cantidad que es igual de 120 mil pesos, además de recibir pensión como catedrático director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado.

El gasto para el estado por jubilar cinco gobernadores de manera anual son, en estos momentos, un gasto aproximado a los 20 millones de pesos anuales, que pudieran ahorrarse e irse para la becas de estudiantes.

Y todavía falta observar el número de ex secretarios de Despacho y ex directores de otras áreas que hoy viven sin problemas económicos, porque sus jubilaciones fueron aprobadas sin problemas por pasadas legislaturas locales.

La urgencia de revisar la ley de jubilaciones y pensiones es porque también hay ex servidores públicos de los tres niveles del sector público que aprovechan las malas reformas legales, para tener de dos a tres o más pensiones.

Por ello es indispensable que tanto el gobierno federal como el estatal tengan acuerdos coincidentes, para evitar que siga el abuso en las jubilaciones y pensiones de los grandes servidores públicos en los tres niveles del gobierno.

Es necesario terminar con las jubilaciones doradas, se han convertido en una pesada carga para el estado y hay ex secretarios de Despacho que han aprovechado esa ley para salir del servicio público con sus mismos salarios.

Sin duda alguna las pensiones y jubilaciones están convertida en un asunto de corrupción, de ganancias particulares, pero olvidándose de aquellos trabajadores que ejercieron su labor durante 30 o más de al servicio público. ¿Hasta cuándo?. Por hoy es todo, nos leemos el viernes. Y no olviden navegar por nuestra página www.vidapolitica.com.mx, por nuestras redes sociales @vida_politica y a través de su cuenta del Facebook con sólo escribir en su buscador REVISTA VIDA POLITICA

"NOS HICIERON MUCHO DAÑO", DICE ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ...

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"SEGURIDAD FALLIDA LA DEL GOBIERNO DEL ESTADO": ANTONIO VILLALOBOS ADÁN

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